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Category: Geopolitics

  • ¿Son los EEUUA una plutocracia?

    Sí. Definitivamente.

    Los Estados Unidos de América son una plutocracia, aunque no la de la caricatura. No hay un consejo secreto de magnates que se reúna para elegir presidentes, ni las elecciones son puro teatro. Sí hay un sistema en el que la riqueza concentrada fija de forma sistemática los límites de lo que se puede decidir. Ese sistema también protege esa riqueza frente a las mayorías que podrían reducirla, y lo hace por medio de las instituciones, no a pesar de ellas. Afirmar esto no requiere ninguna conspiración. Basta con mirar cómo funciona la política estadounidense.

    Primero hay que definir el término, porque buena parte de la confusión viene de ahí. Aristóteles ya distinguía la oligarquía de la democracia por el principio que gobierna, no por cuántos gobiernan: hay oligarquía donde se manda en razón de la riqueza, sean pocos o muchos los que mandan (Aristóteles, ca. 350 a. C./1988). Plutocracia no quiere decir control total ni eterno. Quiere decir que la riqueza es la fuente dominante de poder político. Si se exige que los ricos ganen todas las votaciones, controlen todos los tribunales y anulen toda competencia electoral, se fija un estándar que ningún régimen de la historia cumpliría, ni siquiera las oligarquías declaradas. Jeffrey Winters (2011) propone una definición más útil: la oligarquía es la política de defensa de la riqueza. En una “oligarquía civil” como la estadounidense, los muy ricos no necesitan armas ni golpes de Estado. Les basta con una industria de abogados, contadores y cabilderos que protege sus fortunas mientras el resto del sistema sigue funcionando con normalidad aparente.

    Con esa definición, la evidencia es abundante. Gilens y Page (2014) analizaron cerca de 1,800 decisiones de política pública. Encontraron que las preferencias de las élites económicas y de los grupos empresariales organizados tienen un impacto independiente considerable, mientras que las del ciudadano promedio tienen un efecto cercano a cero. Algunos críticos responden que los ricos y la clase media suelen querer lo mismo (Enns, 2015). La respuesta es reveladora: cuando las preferencias coinciden, el ciudadano común gana por casualidad, y cuando chocan, por lo general pierde. Bartels (2016) encontró que los senadores responden a sus votantes de altos ingresos y casi nada a los del tercio inferior. Ferguson et al. (2016) documentaron una relación casi lineal entre la proporción de dinero gastado y la proporción de votos obtenidos en las elecciones al Congreso de 1980 a 2014. Bonica et al. (2013) mostraron que el 0.01% más rico de la población en edad de votar pasó de aportar alrededor del 10% de las contribuciones de campaña en 1980 a más del 40% en 2012. En 2024, el cabildeo federal rompió su récord con 4,400 millones de dólares (OpenSecrets, 2025a), y el ciclo electoral costó cerca de 15,000 millones (OpenSecrets, 2025b).

    Uno de los argumentos más comunes en defensa del sistema dice que los ricos pagan la mayor parte de los impuestos y por eso es natural que tengan voz. Este argumento merece atención porque, mirado de cerca, termina dándole la razón a la tesis contraria. Es cierto que el 1% con mayores ingresos aporta una parte desproporcionada del impuesto federal sobre los ingresos. Pero ese impuesto es apenas una parte del sistema. Los impuestos sobre la nómina, los impuestos sobre las ventas y muchos impuestos estatales y locales pesan más, en proporción, sobre los trabajadores. Saez y Zucman (2019) calcularon que en 2018 las 400 familias más ricas del país pagaron una tasa efectiva total menor que la de la mitad más pobre de la población. ProPublica, con datos filtrados del IRS, mostró que los 25 estadounidenses más ricos pagaron entre 2014 y 2018 una “tasa real” de 3.4% sobre el crecimiento de su riqueza (Eisinger et al., 2021). Las ganancias de capital no realizadas casi nunca se gravan, y el 1% más rico concentra alrededor del 30% de la riqueza de los hogares (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2025). Además, el argumento tiene un problema de fondo. Sostener que quien más aporta al fisco debe pesar más en la vida pública es justamente el principio plutocrático. Es la lógica del voto censitario del siglo XIX, que las democracias modernas abolieron con mucho esfuerzo. Que hoy se presente como sentido común dice bastante.

    Se dirá que en las urnas todos valen lo mismo: el millonario tiene un voto y la trabajadora de una empacadora en el Valle Central también. Es cierto, y es valioso. Pero el voto es el último paso de un proceso largo, y los pasos anteriores no son iguales para todos. Antes de que un ciudadano vea su boleta, ya se celebró la “primaria invisible”: la ronda de recaudación en la que los donantes deciden qué candidatos son viables. Carnes (2018) muestra que las personas de clase trabajadora rara vez llegan siquiera a postularse, porque una campaña competitiva exige un capital o unas redes que casi nadie tiene. La mayoría de los miembros del Congreso son millonarios. El voto es igual, pero el menú lo escriben otros. Hace más de sesenta años, Schattschneider (1960) lo resumió así: el defecto del cielo pluralista es que el coro celestial canta con un marcado acento de clase alta.

    La participación electoral confirma lo mismo. Que dos de cada tres ciudadanos en edad de votar hayan acudido a las urnas en 2024 suena bien. Pero las personas de familias con ingresos de 150,000 dólares o más eran el 24.8% de la población ciudadana de la muestra y el 29.7% de quienes votaron. Los de menos de 50,000 dólares, en cambio, estuvieron subrepresentados (U.S. Census Bureau, 2026). Y votar es la forma más barata de participar. En las donaciones, el contacto con funcionarios y el activismo organizado, la brecha de clase es mucho mayor (Schlozman et al., 2012). Explicar esa brecha diciendo que participar cuesta tiempo, información y organización no la justifica. Más bien describe el mecanismo: si participar requiere recursos, la participación se reparte como se reparten los recursos.

    Otra explicación sostiene que, cuando la gente vive razonablemente bien, prefiere pagar sus cuentas y criar a sus hijos antes que marchar o ir a un debate de tres horas. Hay algo de verdad en eso, pero el diagnóstico es incompleto. Mucha gente no marcha porque trabaja dos empleos, porque no tiene quién le cuide a los niños o porque aprendió que protestar no cambia nada. Gaventa (1980) llamó a esto quiescencia: la pasividad que nace de derrotas repetidas, no de la satisfacción. Los sindicatos, que históricamente le daban a los trabajadores tiempo, información y organización, representan hoy apenas al 9.9% de los asalariados (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2025). Un descontento que no se convierte en movilización no prueba que el sistema funcione. Puede probar que el sistema ha logrado desmovilizar.

    También se dice con frecuencia que Estados Unidos es una excepción y que no sirve como modelo para entender otras democracias. Es cierto, pero eso no debilita el argumento. La desigualdad en la capacidad de respuesta política también aparece en democracias más igualitarias, como Alemania (Elsässer et al., 2021). Lo que hace excepcional a Estados Unidos es la escala: un régimen de financiamiento de campañas casi sin límites que convierte una tendencia común de las democracias capitalistas en un rasgo estructural.

    La teoría de la elección pública, con sus beneficios concentrados y sus costos dispersos, merece una lectura más honesta de la que suele recibir. Mancur Olson (1965) explicó que los grupos pequeños y con mucho en juego se organizan mejor que las mayorías difusas. George Stigler (1971), que no era precisamente un hombre de izquierda, concluyó que la regulación suele terminar al servicio de la industria regulada. Llevada hasta el final, esa lógica no apunta a los beneficiarios de los programas sociales. Apunta a quienes tienen los intereses más concentrados y los bolsillos más hondos. Los subsidios más grandes y menos visibles del país no son los cupones de alimentos. Son los beneficios fiscales: la tasa preferencial sobre las ganancias de capital, el tratamiento del carried interest, la base ajustada en las herencias y las deducciones que benefician sobre todo a los hogares de mayores ingresos. Mettler (2011) los llamó el “Estado sumergido”: políticas que transfieren recursos hacia arriba mientras sus beneficiarios creen que no reciben nada del gobierno. La cadena en la que una intervención crea un grupo dependiente que exige nuevas intervenciones existe, sin duda. Sus eslabones más sólidos, sin embargo, son el rescate bancario de 2008, los subsidios agrícolas que van mayoritariamente a grandes productores y las exenciones que sobreviven gobierno tras gobierno. En la práctica, Washington no subsidia lo que deja de moverse. Subsidia lo que es suficientemente grande.

    Hay una vieja ironía según la cual la política consiste en sacarle dinero a los ricos y votos a los pobres con la promesa de proteger a unos de otros. Conviene preguntar quién fija la agenda en ese intercambio. Bachrach y Baratz (1962) llamaron “no decisiones” a los asuntos que nunca llegan a votarse, y Lukes (2005) describió una tercera dimensión del poder que moldea incluso lo que la gente cree posible o deseable. Una opción pública de salud, un impuesto a la riqueza o el fin del trato privilegiado al carried interest han tenido apoyo popular en distintos momentos. Ninguna llegó a la mesa con posibilidades reales, gobernara quien gobernara.

    Luego está el argumento de que los grandes donantes pierden a menudo, como cuando Donald Trump ganó dos elecciones pese a las enormes sumas gastadas por financistas progresistas. El ejemplo se vuelve en contra de quien lo usa. Trump es él mismo un multimillonario. En 2024, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, gastó 277 millones de dólares para apoyarlo a él y a otros candidatos republicanos (Ingram y Reilly, 2024), y el gabinete que siguió incluyó a varios multimillonarios. Que una fortuna derrote a otra no derrota a la plutocracia: es la plutocracia en funcionamiento. Ferguson (1995) lo explicó con su “teoría de la inversión”: los partidos compiten por coaliciones de grandes inversionistas, y las elecciones deciden cuál de esas coaliciones gobierna. En 2016, Clinton recaudó más, ganó Trump, y uno de los principales resultados legislativos fue una reforma fiscal que bajó la tasa corporativa del 35% al 21%. Los donantes perdieron la elección, pero los dueños del capital ganaron la política.

    Es cierto que los ricos no forman un bloque homogéneo. Discrepan sobre el aborto, la inmigración y el clima. Pero Page et al. (2013) encontraron que, en impuestos, regulación y gasto social, los muy ricos son bastante más conservadores que el público y notablemente coherentes entre sí. Pelean por todo menos por lo que Winters (2011) considera esencial: la defensa de la riqueza. Se puede ser plutocracia y estar dividida en todo lo demás.

    Por eso tampoco convence la idea de que el federalismo, los tribunales y los partidos funcionan como contrapesos que harían imposible una plutocracia. Esas instituciones han sido muchas veces los canales por los que el dinero llegó al poder. La Corte Suprema equiparó el gasto con la libertad de expresión en Buckley v. Valeo (1976), abrió la puerta al gasto corporativo ilimitado en Citizens United v. FEC (2010) y eliminó los topes agregados de contribución en McCutcheon v. FEC (2014). Un tribunal federal de apelaciones creó en la práctica los súper PAC en SpeechNow.org v. FEC (2010). En cuanto al federalismo, Hertel-Fernandez (2019) documenta cómo redes como ALEC llevaron a decenas de legislaturas estatales proyectos de ley redactados de antemano con financiamiento corporativo. Hacker y Pierson (2010) muestran algo más difícil de ver: la “deriva”, es decir, normas que se quedan obsoletas a propósito porque los intereses organizados bloquean su actualización. Una plutocracia moderna no neutraliza las instituciones. Las ocupa.

    Queda la objeción moral: que describir la política como una lucha por capturar el poder es cinismo y que el cinismo convierte al ciudadano en recurso electoral. Ocurre exactamente lo contrario. El cínico no es quien nombra la plutocracia, sino quien la da por normal y concluye que no hay nada que hacer. Las reformas que hicieron más democrático a este país vinieron de gente que se atrevió a decir que el dinero mandaba. Theodore Roosevelt denunció a los “malhechores de gran riqueza” en 1907, el mismo año de la Ley Tillman. Después vinieron la elección directa de senadores, el impuesto federal sobre los ingresos y las leyes laborales del New Deal. Wolin (2008) advirtió que el riesgo de nuestra época es una “democracia administrada”, en la que los procedimientos formales siguen intactos mientras el poder real se desplaza hacia el capital corporativo. Y si alguien convierte al ciudadano en recurso, es precisamente el sistema plutocrático: los pobres son audiencia para la publicidad, los trabajadores son costos y los votantes son datos que se compran a firmas de consultoría.

    La política existe porque personas con intereses distintos necesitan vivir juntas, y su tarea es crear reglas que permitan resolver los conflictos sin guerra permanente. En eso hay acuerdo total. El problema es que, en Estados Unidos, esas reglas las escribe de manera desproporcionada una minoría muy pequeña. Hacen falta instituciones capaces de contener la corrupción, el amiguismo y la captura regulatoria, desde luego. Pero no se puede encomendar esa tarea a las mismas instituciones que esa minoría ha moldeado durante cincuenta años sin antes reconocer que han sido moldeadas.

    El dinero no compra el voto de una sociedad para siempre. No lo necesita. Le basta con comprar el menú, influir en el árbitro y escribir las reglas, una y otra vez, mientras las elecciones deciden cuál de sus opciones gobierna. A eso se le llama plutocracia, aunque tenga elecciones.

    Bibliografía

    Aristóteles. (1988). Política (M. García Valdés, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 350 a. C.)

    Bachrach, P., y Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. American Political Science Review, 56(4), 947–952.

    Bartels, L. M. (2016). Unequal democracy: The political economy of the new gilded age (2.ª ed.). Princeton University Press.

    Board of Governors of the Federal Reserve System. (2025). Distributional financial accounts of the United States. https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/

    Bonica, A., McCarty, N., Poole, K. T., y Rosenthal, H. (2013). Why hasn’t democracy slowed rising inequality? Journal of Economic Perspectives, 27(3), 103–124.

    Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).

    Carnes, N. (2018). The cash ceiling: Why only the rich run for office, and what we can do about it. Princeton University Press.

    Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).

    Eisinger, J., Ernsthausen, J., y Kiel, P. (2021, 8 de junio). The secret IRS files: Trove of never-before-seen records reveal how the wealthiest avoid income tax. ProPublica. https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax

    Elsässer, L., Hense, S., y Schäfer, A. (2021). Not just money: Unequal responsiveness in egalitarian democracies. Journal of European Public Policy, 28(12), 1890–1908.

    Enns, P. K. (2015). Relative policy support and coincidental representation. Perspectives on Politics, 13(4), 1053–1064.

    Ferguson, T. (1995). Golden rule: The investment theory of party competition and the logic of money-driven political systems. University of Chicago Press.

    Ferguson, T., Jorgensen, P., y Chen, J. (2016). How money drives US congressional elections (Working Paper No. 48). Institute for New Economic Thinking. https://www.ineteconomics.org/research/research-papers/how-money-drives-us-congressional-elections

    Gaventa, J. (1980). Power and powerlessness: Quiescence and rebellion in an Appalachian valley. University of Illinois Press.

    Gilens, M., y Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564–581.

    Hacker, J. S., y Pierson, P. (2010). Winner-take-all politics: How Washington made the rich richer, and turned its back on the middle class. Simon & Schuster.

    Hertel-Fernandez, A. (2019). State capture: How conservative activists, big businesses, and wealthy donors reshaped the American states, and the nation. Oxford University Press.

    Ingram, J., y Reilly, S. (2024, 6 de diciembre). Elon Musk spends $277 million to back Trump and Republican candidates. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-277-million-trump-republican-candidates-donations/

    Lukes, S. (2005). Power: A radical view (2.ª ed.). Palgrave Macmillan.

    McCutcheon v. Federal Election Commission, 572 U.S. 185 (2014).

    Mettler, S. (2011). The submerged state: How invisible government policies undermine American democracy. University of Chicago Press.

    Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press.

    OpenSecrets. (2025a). Federal lobbying set new record in 2024. https://www.opensecrets.org/news/2025/02/federal-lobbying-set-new-record-in-2024/

    OpenSecrets. (2025b). Cost of election. https://www.opensecrets.org/elections-overview/cost-of-election

    Page, B. I., Bartels, L. M., y Seawright, J. (2013). Democracy and the policy preferences of wealthy Americans. Perspectives on Politics, 11(1), 51–73.

    Saez, E., y Zucman, G. (2019). The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay. W. W. Norton.

    Schattschneider, E. E. (1960). The semisovereign people: A realist’s view of democracy in America. Holt, Rinehart and Winston.

    Schlozman, K. L., Verba, S., y Brady, H. E. (2012). The unheavenly chorus: Unequal political voice and the broken promise of American democracy. Princeton University Press.

    SpeechNow.org v. Federal Election Commission, 599 F.3d 686 (D.C. Cir. 2010).

    Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.

    U.S. Bureau of Labor Statistics. (2025). Union members, 2024 [Comunicado de prensa]. https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm

    U.S. Census Bureau. (2026). Voting and registration in the election of November 2024 (Current Population Reports P20-590). https://www2.census.gov/library/publications/2026/demo/p20-590.pdf

    Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

    Wolin, S. S. (2008). Democracy incorporated: Managed democracy and the specter of inverted totalitarianism. Princeton University Press.

  • Respuesta a «Democracia vs. Dictadura: El Papel del Odio»

    Artículo original

    El texto original presenta el marxismo-leninismo como una doctrina política cuya función esencial consiste en transformar el descontento económico en resentimiento, el resentimiento en odio y el odio en poder autoritario. A partir de esta premisa, construye una oposición más amplia entre capitalismo democrático y dictadura socialista. El problema de este enfoque no es que los crímenes históricos de los regímenes comunistas sean imaginarios. No lo son. El problema es que convierte una experiencia histórica concreta del socialismo autoritario en explicación general del socialismo, mientras trata las estructuras coercitivas, ideológicas y distributivas de las sociedades capitalistas como fenómenos secundarios o accidentales.

    La afirmación de que el marxismo está fundamentalmente diseñado para enfurecer a los asalariados confunde la existencia de un agravio con la explotación política de ese agravio. Los trabajadores no necesitan ser adoctrinados para percibir diferencias reales de poder de negociación, propiedad, salario, condiciones laborales o seguridad económica. Una ideología puede manipular esas experiencias, pero la existencia de manipulación no demuestra que el conflicto subyacente sea ficticio. La historia económica muestra que la distribución de la riqueza depende profundamente de instituciones que regulan la propiedad, la fiscalidad, la herencia, la educación y la participación política. La desigualdad no es simplemente una emoción inculcada desde fuera, sino también el resultado de decisiones jurídicas e institucionales concretas. [Piketty]

    El mismo reparo surge desde la economía institucional. Los mercados no funcionan en un vacío natural separado de la política. Dependen de leyes sobre corporaciones, relaciones laborales, propiedad intelectual, quiebras, tributación, competencia, sistema financiero y derechos de propiedad. Cuando los trabajadores pierden capacidad de negociación o cuando empresas con poder monopólico obtienen rentas extraordinarias, llamar a ese proceso “explotación” puede ser discutible como término normativo, pero la cuestión distributiva no desaparece. Lo relevante es analizar si determinadas instituciones permiten que algunos actores posean una capacidad sistemáticamente mayor para apropiarse de los beneficios de la actividad económica. [Stiglitz]

    El texto original reduce además el análisis de clase a una incitación contra un “enemigo de clase” fabricado. Sin embargo, la concentración del poder económico es observable incluso si se rechaza por completo la teoría marxista. Puede existir sufragio universal al mismo tiempo que grandes corporaciones, patrimonios privados, donantes, conglomerados mediáticos y propietarios concentrados ejercen una influencia desproporcionada sobre la agenda pública. La libertad política, por tanto, no puede medirse únicamente por la existencia de elecciones. También exige estudiar quién posee los recursos materiales para definir qué opciones políticas parecen realistas y cuáles quedan fuera del debate aceptable. [Chomsky]

    Por esa razón, la discusión sobre la propaganda resulta incompleta. El argumento original presupone que la propaganda funciona principalmente desde abajo, mediante discursos revolucionarios que enardecen a las masas. Sin embargo, también puede operar desde instituciones dominantes que seleccionan temas, jerarquizan voces, determinan qué supuestos se presentan como razonables y limitan el espectro de opciones consideradas legítimas. La censura estatal directa y la estructuración privada del espacio público no son equivalentes, pero ambas obligan a preguntar quién posee la capacidad práctica de amplificar unas ideas y marginar otras. [Chomsky]

    El meme descrito en el texto ilustra otra debilidad del argumento. Es cierto que representar a los capitalistas como sujetos que venden a los trabajadores aquello que ellos mismos producen y luego absorben el resto de sus ingresos mediante el alquiler constituye una simplificación caricaturesca. Pero que la caricatura sea pobre no demuestra que toda crítica a la extracción de rentas sea ilusoria. Existe una diferencia entre la inversión productiva y la obtención de ingresos mediante posiciones monopólicas, propiedad de la tierra, derechos financieros, endeudamiento o control de infraestructuras esenciales. Un sistema económico puede permitir que una parte creciente de los ingresos fluya hacia propietarios y acreedores sin que ello implique necesariamente una expansión proporcional de la capacidad productiva. [Hudson]

    La vivienda muestra el problema con especial claridad. Un trabajador no necesita adoptar una teoría marxista para experimentar que una fracción creciente de su salario se destina al alquiler, a la hipoteca o al servicio de la deuda. Cuando los precios del suelo y de la vivienda aumentan en parte por la expansión del crédito, una parte cada vez mayor del ingreso de los hogares puede desplazarse hacia propietarios y entidades financieras. Este fenómeno puede analizarse mediante datos sobre precios, deuda, propiedad e ingreso familiar. Señalarlo no equivale necesariamente a promover odio contra los propietarios. Puede ser simplemente economía política. [Hudson]

    El texto ofrece además una definición excesivamente estrecha del socialismo. Lo presenta como un sistema en el cual el Estado posee los medios de producción, todos trabajan para él y este se encarga de la manutención general de la población. Esa imagen identifica el socialismo en su totalidad con la economía de mando de determinados regímenes del siglo XX. Entre un capitalismo prácticamente desregulado y la propiedad estatal integral existe, sin embargo, un amplio abanico institucional: cooperativas, empresas públicas, servicios universales, propiedad municipal, cogestión, seguros sociales, fondos soberanos, sistemas tributarios progresivos y economías mixtas. [Piketty]

    Tampoco existe una oposición absoluta entre mercado y Estado. Los mercados pueden generar innovación, coordinación y eficiencia, pero también monopolio, información asimétrica, externalidades y desequilibrios de poder contractual. Una empresa pública puede funcionar mal, pero un monopolio privado también puede hacerlo mientras obtiene beneficios de usuarios que carecen de alternativas. La pregunta relevante no es simplemente quién posee una empresa, sino qué mecanismos de control, competencia, rendición de cuentas e incentivos existen en cada caso. [Stiglitz]

    El argumento original es más sólido cuando condena a la policía política, la censura y la eliminación de la oposición. Ninguna lectura seria de los seis autores considerados obliga a justificar el terror estalinista, la Stasi o cualquier aparato de represión que destruya el pluralismo. El problema surge cuando esas instituciones se presentan como manifestaciones exclusivas de una lógica socialista. La cuestión puede formularse de modo más general: el peligro aparece cuando un poder soberano reclama la facultad de suspender protecciones jurídicas ordinarias en nombre de una emergencia, de la seguridad, de la estabilidad o de una necesidad histórica superior. [Agamben]

    Esta reformulación amplía considerablemente el campo del análisis. La excepcionalidad no necesita expresarse mediante el vocabulario de la lucha de clases. También puede justificarse mediante la seguridad nacional, el anticomunismo, la lucha contra el terrorismo, el nacionalismo, la religión, la ocupación colonial o la emergencia permanente. Una vez que se admite que determinadas circunstancias autorizan al poder a suspender derechos ordinarios, lo decisivo ya no es solamente la ideología que acompaña la suspensión, sino el hecho institucional de que el poder ha dejado de estar adecuadamente limitado. [Agamben]

    La crítica puede ampliarse todavía más cuando se examina quién recibe realmente la protección de la ley. La violencia política no puede comprenderse únicamente mediante la oposición entre Estados democráticos y Estados comunistas, porque regímenes constitucionales han coexistido históricamente con colonialismo, segregación, ocupación militar, desplazamiento forzado y exposición desigual a la violencia. El poder soberano también puede manifestarse en la capacidad de determinar qué poblaciones serán protegidas y cuáles pueden ser abandonadas, precarizadas, confinadas o expuestas a la muerte. [Mbembe]

    Desde esta perspectiva, el autoritarismo no se identifica únicamente preguntando si existen o no partidos de oposición. También es necesario preguntar qué grupos disfrutan efectivamente de los derechos proclamados por el sistema. Una sociedad puede celebrar elecciones, mantener tribunales y consagrar derechos constitucionales, mientras determinados sectores padecen una relación muy distinta con la policía, el encarcelamiento, la frontera, el desplazamiento o la precariedad económica. La democracia formal no elimina automáticamente todas las jerarquías de protección. [Mbembe]

    El texto original acierta, sin embargo, al señalar que la posibilidad de reemplazar pacíficamente a un gobierno constituye una diferencia institucional fundamental entre democracia y dictadura. Las elecciones competitivas, la libertad de asociación, la prensa independiente y la protección contra la detención arbitraria tienen una importancia enorme. Pero esas instituciones no agotan el significado de la democracia. Una concentración extrema de riqueza puede transformarse en concentración de influencia política mediante financiamiento, presión empresarial, acceso privilegiado, control mediático o capacidad de influir sobre la legislación. La igualdad formal del voto puede coexistir así con una desigualdad sustancial en la capacidad de configurar el entorno político. [Stiglitz] [Piketty]

    La misma distinción puede aplicarse al espacio comunicativo. La posibilidad jurídica de expresar una opinión no equivale a poseer una capacidad equivalente para hacerla llegar a millones de personas. Cuando el acceso masivo a la audiencia depende de instituciones fuertemente concentradas, la libertad de expresión y la igualdad de poder comunicativo dejan de ser sinónimos. Esto no convierte una sociedad pluralista en una dictadura ni hace equivalente una empresa mediática a un ministerio de censura. Sí obliga, en cambio, a distinguir entre el derecho abstracto a hablar y la capacidad efectiva de intervenir en la producción del sentido público. [Chomsky]

    El análisis se debilita especialmente cuando el texto abandona las estructuras y se concentra en caracterizaciones psicológicas de los adversarios. Hablar de un “complejo de superhéroe”, de fervor de cruzados o de una supuesta investidura divina puede resultar eficaz como retórica polémica, pero aporta poco a la explicación política. Las posiciones ideológicas se comprenden mejor si se estudian las coaliciones sociales que las sostienen, las experiencias históricas que las alimentan, las divisiones educativas y económicas que las atraviesan y los relatos mediante los cuales los distintos grupos interpretan su posición. [Piketty]

    El problema de la autosuficiencia moral tampoco pertenece exclusivamente a un campo político. Socialismo, liberalismo, nacionalismo, anticomunismo, movimientos religiosos y proyectos revolucionarios han producido, en momentos históricos diferentes, narrativas según las cuales sus partidarios representaban a la civilización frente a enemigos considerados esencialmente peligrosos. Un criterio de análisis consistente debería juzgar acciones comparables mediante estándares comparables, sin cambiar de criterio según quién las cometa. [Chomsky]

    La tesis geopolítica de un planeta dividido entre democracias y autocracias también requiere matices. La distinción es significativa. Un régimen que permite competencia electoral real, oposición, prensa crítica y alternancia pacífica difiere sustancialmente de otro que elimina esas posibilidades. Sin embargo, no se sigue de ello que todas las acciones emprendidas por una democracia posean automáticamente carácter democrático, ni que las relaciones internacionales puedan reducirse a una confrontación moral entre libertad y tiranía. También intervienen intereses estratégicos, asimetrías económicas, dependencia financiera, herencias coloniales, competencia por recursos y estructuras internacionales de propiedad. [Chomsky] [Mbembe] [Agamben] [Stiglitz] [Hudson] [Piketty]

    La alternativa al argumento original no consiste, por tanto, en defender el marxismo-leninismo. Consiste en rechazar la idea de que el socialismo autoritario y el capitalismo democrático agoten todas las posibilidades políticas. Se puede condenar el estalinismo sin concluir que toda crítica al capitalismo es una antesala del totalitarismo. Se puede defender la propiedad privada sin afirmar que toda renta derivada de la propiedad corresponde necesariamente a una contribución productiva equivalente. Se pueden valorar los mercados sin negar la existencia de monopolios, privilegios y rentas. Se puede defender la democracia sin reducirla al acto electoral. Se puede temer al Estado sin ignorar las concentraciones privadas de poder.

    Los seis autores considerados discrepan profundamente entre sí, pero sus trabajos permiten formular un principio metodológico común: el poder debe ser examinado allí donde se concentra. En Chomsky, ello incluye al Estado, las corporaciones, los medios y las estructuras imperiales.

    En Agamben, incluye la facultad soberana de suspender protecciones jurídicas ordinarias.

    En Mbembe, incluye la capacidad de exponer diferencialmente a ciertos grupos a la violencia, el abandono y la muerte.

    En Stiglitz, incluye el monopolio, la captura institucional y las reglas económicas que transforman ventajas iniciales en ventajas acumulativas.

    En Hudson, incluye a acreedores, monopolistas, propietarios de activos y estructuras financieras capaces de extraer rentas del resto de la economía.

    En Piketty, incluye los regímenes de propiedad y los sistemas ideológicos mediante los cuales la desigualdad se reproduce y justifica.

    Lo que finalmente resulta insuficiente en el texto original no es su condena de las dictaduras, sino su teoría de la dominación. Localiza la coerción principalmente en la ideología y, de manera desproporcionada, en una sola tradición ideológica. El enfoque conjunto de estos seis autores desplaza el problema hacia las instituciones. La libertad política depende de impedir que las concentraciones de poder se vuelvan irresponsables e incontestables, con independencia de que ese poder resida en un partido revolucionario, una burocracia de seguridad, una oligarquía financiera, una corporación monopólica, una administración colonial, una clase rentista o un gobierno constitucional.

    La oposición más fértil, por tanto, no es simplemente capitalismo contra socialismo, ni izquierda contra derecha. Es poder controlable contra poder incontestable, pluralismo contra dominación e instituciones abiertas a la disputa contra estructuras que convierten las condiciones sociales en hechos prácticamente inmodificables. Este criterio permite condenar al Estado policial sin idealizar el mercado, criticar la desigualdad económica sin justificar la represión política y defender las libertades democráticas sin suponer que la existencia de elecciones resuelve por sí sola todos los problemas del poder.

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    Bibliografía

    Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Traducción de Flavia Costa e Ivana Costa. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005.

    Agamben, Giorgio. Homo sacer I. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-Textos, 1998.

    Chomsky, Noam. Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Barcelona: Ediciones B, 2005.

    Chomsky, Noam. ¿Quién domina el mundo? Traducción de Javier Guerrero Gimeno. Barcelona: Ediciones B, 2016.

    Chomsky, Noam, y Edward S. Herman. Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Barcelona: Crítica.

    Hudson, Michael. Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global. Traducción de Álvaro G. Ormaechea. Madrid: Capitán Swing, 2018.

    Mbembe, Achille. Necropolítica, seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. Traducción y edición de Elisabeth Falomir Archambault. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2011.

    Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. Traducción de Eliane Cazenave-Tapie Isoard. México: Fondo de Cultura Económica, 2014.

    Piketty, Thomas. La crisis del capital en el siglo XXI. Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco. México: Siglo XXI Editores, 2015.

    Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad. El 1 % de la población tiene lo que el 99 % necesita. Madrid: Taurus, 2012.

    Stiglitz, Joseph E. La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Madrid: Taurus, 2015.

    Stiglitz, Joseph E. El malestar en la globalización. Madrid: Taurus, 2002.

  • Trump 2.0 Status

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  • What is Islamophobia?

    Islamophobia is commonly defined as a fear, hatred, prejudice, or hostility toward Islam and Muslims that manifests in discrimination, stereotyping, exclusion, or violence, often rooted in perceptions of Muslims as a monolithic, violent, or inferior “other.”[1][2][3][4]

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  • [S.L.] Profile

    Date: 2026-02-05

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