Sí. Definitivamente.
Los Estados Unidos de América son una plutocracia, aunque no la de la caricatura. No hay un consejo secreto de magnates que se reúna para elegir presidentes, ni las elecciones son puro teatro. Sí hay un sistema en el que la riqueza concentrada fija de forma sistemática los límites de lo que se puede decidir. Ese sistema también protege esa riqueza frente a las mayorías que podrían reducirla, y lo hace por medio de las instituciones, no a pesar de ellas. Afirmar esto no requiere ninguna conspiración. Basta con mirar cómo funciona la política estadounidense.
Primero hay que definir el término, porque buena parte de la confusión viene de ahí. Aristóteles ya distinguía la oligarquía de la democracia por el principio que gobierna, no por cuántos gobiernan: hay oligarquía donde se manda en razón de la riqueza, sean pocos o muchos los que mandan (Aristóteles, ca. 350 a. C./1988). Plutocracia no quiere decir control total ni eterno. Quiere decir que la riqueza es la fuente dominante de poder político. Si se exige que los ricos ganen todas las votaciones, controlen todos los tribunales y anulen toda competencia electoral, se fija un estándar que ningún régimen de la historia cumpliría, ni siquiera las oligarquías declaradas. Jeffrey Winters (2011) propone una definición más útil: la oligarquía es la política de defensa de la riqueza. En una “oligarquía civil” como la estadounidense, los muy ricos no necesitan armas ni golpes de Estado. Les basta con una industria de abogados, contadores y cabilderos que protege sus fortunas mientras el resto del sistema sigue funcionando con normalidad aparente.
Con esa definición, la evidencia es abundante. Gilens y Page (2014) analizaron cerca de 1,800 decisiones de política pública. Encontraron que las preferencias de las élites económicas y de los grupos empresariales organizados tienen un impacto independiente considerable, mientras que las del ciudadano promedio tienen un efecto cercano a cero. Algunos críticos responden que los ricos y la clase media suelen querer lo mismo (Enns, 2015). La respuesta es reveladora: cuando las preferencias coinciden, el ciudadano común gana por casualidad, y cuando chocan, por lo general pierde. Bartels (2016) encontró que los senadores responden a sus votantes de altos ingresos y casi nada a los del tercio inferior. Ferguson et al. (2016) documentaron una relación casi lineal entre la proporción de dinero gastado y la proporción de votos obtenidos en las elecciones al Congreso de 1980 a 2014. Bonica et al. (2013) mostraron que el 0.01% más rico de la población en edad de votar pasó de aportar alrededor del 10% de las contribuciones de campaña en 1980 a más del 40% en 2012. En 2024, el cabildeo federal rompió su récord con 4,400 millones de dólares (OpenSecrets, 2025a), y el ciclo electoral costó cerca de 15,000 millones (OpenSecrets, 2025b).
Uno de los argumentos más comunes en defensa del sistema dice que los ricos pagan la mayor parte de los impuestos y por eso es natural que tengan voz. Este argumento merece atención porque, mirado de cerca, termina dándole la razón a la tesis contraria. Es cierto que el 1% con mayores ingresos aporta una parte desproporcionada del impuesto federal sobre los ingresos. Pero ese impuesto es apenas una parte del sistema. Los impuestos sobre la nómina, los impuestos sobre las ventas y muchos impuestos estatales y locales pesan más, en proporción, sobre los trabajadores. Saez y Zucman (2019) calcularon que en 2018 las 400 familias más ricas del país pagaron una tasa efectiva total menor que la de la mitad más pobre de la población. ProPublica, con datos filtrados del IRS, mostró que los 25 estadounidenses más ricos pagaron entre 2014 y 2018 una “tasa real” de 3.4% sobre el crecimiento de su riqueza (Eisinger et al., 2021). Las ganancias de capital no realizadas casi nunca se gravan, y el 1% más rico concentra alrededor del 30% de la riqueza de los hogares (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2025). Además, el argumento tiene un problema de fondo. Sostener que quien más aporta al fisco debe pesar más en la vida pública es justamente el principio plutocrático. Es la lógica del voto censitario del siglo XIX, que las democracias modernas abolieron con mucho esfuerzo. Que hoy se presente como sentido común dice bastante.
Se dirá que en las urnas todos valen lo mismo: el millonario tiene un voto y la trabajadora de una empacadora en el Valle Central también. Es cierto, y es valioso. Pero el voto es el último paso de un proceso largo, y los pasos anteriores no son iguales para todos. Antes de que un ciudadano vea su boleta, ya se celebró la “primaria invisible”: la ronda de recaudación en la que los donantes deciden qué candidatos son viables. Carnes (2018) muestra que las personas de clase trabajadora rara vez llegan siquiera a postularse, porque una campaña competitiva exige un capital o unas redes que casi nadie tiene. La mayoría de los miembros del Congreso son millonarios. El voto es igual, pero el menú lo escriben otros. Hace más de sesenta años, Schattschneider (1960) lo resumió así: el defecto del cielo pluralista es que el coro celestial canta con un marcado acento de clase alta.
La participación electoral confirma lo mismo. Que dos de cada tres ciudadanos en edad de votar hayan acudido a las urnas en 2024 suena bien. Pero las personas de familias con ingresos de 150,000 dólares o más eran el 24.8% de la población ciudadana de la muestra y el 29.7% de quienes votaron. Los de menos de 50,000 dólares, en cambio, estuvieron subrepresentados (U.S. Census Bureau, 2026). Y votar es la forma más barata de participar. En las donaciones, el contacto con funcionarios y el activismo organizado, la brecha de clase es mucho mayor (Schlozman et al., 2012). Explicar esa brecha diciendo que participar cuesta tiempo, información y organización no la justifica. Más bien describe el mecanismo: si participar requiere recursos, la participación se reparte como se reparten los recursos.
Otra explicación sostiene que, cuando la gente vive razonablemente bien, prefiere pagar sus cuentas y criar a sus hijos antes que marchar o ir a un debate de tres horas. Hay algo de verdad en eso, pero el diagnóstico es incompleto. Mucha gente no marcha porque trabaja dos empleos, porque no tiene quién le cuide a los niños o porque aprendió que protestar no cambia nada. Gaventa (1980) llamó a esto quiescencia: la pasividad que nace de derrotas repetidas, no de la satisfacción. Los sindicatos, que históricamente le daban a los trabajadores tiempo, información y organización, representan hoy apenas al 9.9% de los asalariados (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2025). Un descontento que no se convierte en movilización no prueba que el sistema funcione. Puede probar que el sistema ha logrado desmovilizar.
También se dice con frecuencia que Estados Unidos es una excepción y que no sirve como modelo para entender otras democracias. Es cierto, pero eso no debilita el argumento. La desigualdad en la capacidad de respuesta política también aparece en democracias más igualitarias, como Alemania (Elsässer et al., 2021). Lo que hace excepcional a Estados Unidos es la escala: un régimen de financiamiento de campañas casi sin límites que convierte una tendencia común de las democracias capitalistas en un rasgo estructural.
La teoría de la elección pública, con sus beneficios concentrados y sus costos dispersos, merece una lectura más honesta de la que suele recibir. Mancur Olson (1965) explicó que los grupos pequeños y con mucho en juego se organizan mejor que las mayorías difusas. George Stigler (1971), que no era precisamente un hombre de izquierda, concluyó que la regulación suele terminar al servicio de la industria regulada. Llevada hasta el final, esa lógica no apunta a los beneficiarios de los programas sociales. Apunta a quienes tienen los intereses más concentrados y los bolsillos más hondos. Los subsidios más grandes y menos visibles del país no son los cupones de alimentos. Son los beneficios fiscales: la tasa preferencial sobre las ganancias de capital, el tratamiento del carried interest, la base ajustada en las herencias y las deducciones que benefician sobre todo a los hogares de mayores ingresos. Mettler (2011) los llamó el “Estado sumergido”: políticas que transfieren recursos hacia arriba mientras sus beneficiarios creen que no reciben nada del gobierno. La cadena en la que una intervención crea un grupo dependiente que exige nuevas intervenciones existe, sin duda. Sus eslabones más sólidos, sin embargo, son el rescate bancario de 2008, los subsidios agrícolas que van mayoritariamente a grandes productores y las exenciones que sobreviven gobierno tras gobierno. En la práctica, Washington no subsidia lo que deja de moverse. Subsidia lo que es suficientemente grande.
Hay una vieja ironía según la cual la política consiste en sacarle dinero a los ricos y votos a los pobres con la promesa de proteger a unos de otros. Conviene preguntar quién fija la agenda en ese intercambio. Bachrach y Baratz (1962) llamaron “no decisiones” a los asuntos que nunca llegan a votarse, y Lukes (2005) describió una tercera dimensión del poder que moldea incluso lo que la gente cree posible o deseable. Una opción pública de salud, un impuesto a la riqueza o el fin del trato privilegiado al carried interest han tenido apoyo popular en distintos momentos. Ninguna llegó a la mesa con posibilidades reales, gobernara quien gobernara.
Luego está el argumento de que los grandes donantes pierden a menudo, como cuando Donald Trump ganó dos elecciones pese a las enormes sumas gastadas por financistas progresistas. El ejemplo se vuelve en contra de quien lo usa. Trump es él mismo un multimillonario. En 2024, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, gastó 277 millones de dólares para apoyarlo a él y a otros candidatos republicanos (Ingram y Reilly, 2024), y el gabinete que siguió incluyó a varios multimillonarios. Que una fortuna derrote a otra no derrota a la plutocracia: es la plutocracia en funcionamiento. Ferguson (1995) lo explicó con su “teoría de la inversión”: los partidos compiten por coaliciones de grandes inversionistas, y las elecciones deciden cuál de esas coaliciones gobierna. En 2016, Clinton recaudó más, ganó Trump, y uno de los principales resultados legislativos fue una reforma fiscal que bajó la tasa corporativa del 35% al 21%. Los donantes perdieron la elección, pero los dueños del capital ganaron la política.
Es cierto que los ricos no forman un bloque homogéneo. Discrepan sobre el aborto, la inmigración y el clima. Pero Page et al. (2013) encontraron que, en impuestos, regulación y gasto social, los muy ricos son bastante más conservadores que el público y notablemente coherentes entre sí. Pelean por todo menos por lo que Winters (2011) considera esencial: la defensa de la riqueza. Se puede ser plutocracia y estar dividida en todo lo demás.
Por eso tampoco convence la idea de que el federalismo, los tribunales y los partidos funcionan como contrapesos que harían imposible una plutocracia. Esas instituciones han sido muchas veces los canales por los que el dinero llegó al poder. La Corte Suprema equiparó el gasto con la libertad de expresión en Buckley v. Valeo (1976), abrió la puerta al gasto corporativo ilimitado en Citizens United v. FEC (2010) y eliminó los topes agregados de contribución en McCutcheon v. FEC (2014). Un tribunal federal de apelaciones creó en la práctica los súper PAC en SpeechNow.org v. FEC (2010). En cuanto al federalismo, Hertel-Fernandez (2019) documenta cómo redes como ALEC llevaron a decenas de legislaturas estatales proyectos de ley redactados de antemano con financiamiento corporativo. Hacker y Pierson (2010) muestran algo más difícil de ver: la “deriva”, es decir, normas que se quedan obsoletas a propósito porque los intereses organizados bloquean su actualización. Una plutocracia moderna no neutraliza las instituciones. Las ocupa.
Queda la objeción moral: que describir la política como una lucha por capturar el poder es cinismo y que el cinismo convierte al ciudadano en recurso electoral. Ocurre exactamente lo contrario. El cínico no es quien nombra la plutocracia, sino quien la da por normal y concluye que no hay nada que hacer. Las reformas que hicieron más democrático a este país vinieron de gente que se atrevió a decir que el dinero mandaba. Theodore Roosevelt denunció a los “malhechores de gran riqueza” en 1907, el mismo año de la Ley Tillman. Después vinieron la elección directa de senadores, el impuesto federal sobre los ingresos y las leyes laborales del New Deal. Wolin (2008) advirtió que el riesgo de nuestra época es una “democracia administrada”, en la que los procedimientos formales siguen intactos mientras el poder real se desplaza hacia el capital corporativo. Y si alguien convierte al ciudadano en recurso, es precisamente el sistema plutocrático: los pobres son audiencia para la publicidad, los trabajadores son costos y los votantes son datos que se compran a firmas de consultoría.
La política existe porque personas con intereses distintos necesitan vivir juntas, y su tarea es crear reglas que permitan resolver los conflictos sin guerra permanente. En eso hay acuerdo total. El problema es que, en Estados Unidos, esas reglas las escribe de manera desproporcionada una minoría muy pequeña. Hacen falta instituciones capaces de contener la corrupción, el amiguismo y la captura regulatoria, desde luego. Pero no se puede encomendar esa tarea a las mismas instituciones que esa minoría ha moldeado durante cincuenta años sin antes reconocer que han sido moldeadas.
El dinero no compra el voto de una sociedad para siempre. No lo necesita. Le basta con comprar el menú, influir en el árbitro y escribir las reglas, una y otra vez, mientras las elecciones deciden cuál de sus opciones gobierna. A eso se le llama plutocracia, aunque tenga elecciones.
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